Perú negocia todo por el extractivismo
8:31 | 
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Perú: Gobierno sacrifica patrimonio natural, cultural y derechos por favorecer inversión
Fecha de Publicación: 11/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org
País/Región: Perú
El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo.
La abogada Ana Leyva advirtió que los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediatizan los cambios mínimos favorables que se habían alcanzado en el actual gobierno y “retroceden en aspectos fundamentales de la gestión ambiental”.
Leyva, de la Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), sostuvo que ambos decretos dan una serie de ventajas a los inversionistas y simplifican procedimientos administrativos en proyectos de inversión pública y privada.
Atentado al patrimonio arqueológico
Una de las medidas cuestionadas por Leyva es la aplicación del silencio administrativo positivo luego de 20 días hábiles de la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura.
Si se considera que el Perú no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de estos, “reducir plazos para que el Ministerio de Cultura haga esa labor en solo 20 días, es obligarlo a que actúe de manera poco diligente” afirmó Leyva.
Negligencia ambiental
Otra medida concierne a la eliminación del procedimiento administrativo cuando se trata de ampliar un instrumento de gestión ambiental para modificar componentes auxiliares, realizar ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada o se pretende realizar mejoras tecnológicas.
La norma define un plazo no mayor de 15 días para que la autoridad apruebe el informe técnico presentado por el titular del proyecto, sin considerar que una ampliación puede suponer nuevos impactos o riesgo de daños que no se podrán evaluar en ese plazo.
En tal sentido, para la abogada de Fedepaz, la norma “no garantiza de parte del Estado la protección del ambiente ni de los derechos de las poblaciones locales”.
Liquidación práctica de los EIA
Los cambios referidos a la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) son graves, no tienen precedente y prácticamente revierten los avances en materia de gestión ambiental y consulta previa.
El plazo de 30 días para que las entidades opinen respecto a los EIA en el sector Energía y Minas “no permiten una revisión a fondo” y se obvian los procesos de participación ciudadana. Tampoco hay mención alguna a plazos para procesos de consulta previa.
Ver el artículo completo On Line
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Fecha de Publicación: 11/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org
País/Región: Perú
El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo.
La abogada Ana Leyva advirtió que los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediatizan los cambios mínimos favorables que se habían alcanzado en el actual gobierno y “retroceden en aspectos fundamentales de la gestión ambiental”.
Leyva, de la Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), sostuvo que ambos decretos dan una serie de ventajas a los inversionistas y simplifican procedimientos administrativos en proyectos de inversión pública y privada.
Atentado al patrimonio arqueológico
Una de las medidas cuestionadas por Leyva es la aplicación del silencio administrativo positivo luego de 20 días hábiles de la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura.
Si se considera que el Perú no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de estos, “reducir plazos para que el Ministerio de Cultura haga esa labor en solo 20 días, es obligarlo a que actúe de manera poco diligente” afirmó Leyva.
Negligencia ambiental
Otra medida concierne a la eliminación del procedimiento administrativo cuando se trata de ampliar un instrumento de gestión ambiental para modificar componentes auxiliares, realizar ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada o se pretende realizar mejoras tecnológicas.
La norma define un plazo no mayor de 15 días para que la autoridad apruebe el informe técnico presentado por el titular del proyecto, sin considerar que una ampliación puede suponer nuevos impactos o riesgo de daños que no se podrán evaluar en ese plazo.
En tal sentido, para la abogada de Fedepaz, la norma “no garantiza de parte del Estado la protección del ambiente ni de los derechos de las poblaciones locales”.
Liquidación práctica de los EIA
Los cambios referidos a la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) son graves, no tienen precedente y prácticamente revierten los avances en materia de gestión ambiental y consulta previa.
El plazo de 30 días para que las entidades opinen respecto a los EIA en el sector Energía y Minas “no permiten una revisión a fondo” y se obvian los procesos de participación ciudadana. Tampoco hay mención alguna a plazos para procesos de consulta previa.
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